Bogotá,D.C. 2 de septiembre de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Séptima adelantó el foro “cambio de régimen pensional”, con la participación del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, delegada del Ministerio de Hacienda, representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, centrales obreras, Colpensiones y miembros de la academia.
El objetivo de este foro además de socializar la iniciativa, garantizar el traslado de afiliados entre fondos de pensiones, se desarrolló entre el análisis y debate con las partes interesadas frente a los alcances legales, financieros y sociales del mismo. La propuesta legislativa plantea que los colombianos que estén a menos de 10 años para pensionarse puedan cambiarse de régimen si cumplen con los requisitos de ser mayores de 52 años, para los hombres, o mayores de 47 años, para las mujeres, y haber cotizado un mínimo de 750 semanas, un beneficio que actualmente está prohibido y que podría favorecer a más de 400 mil colombianos.
“Con esta iniciativa el Congreso de la República tiene la oportunidad de brindarle a todos los colombianos que están a punto de pensionarse y que no contaron con la doble asesoría en el término establecido, el poder remediar una mala decisión tomada por falta de información”, afirmó la senadora Nadia Blel, ponente de la iniciativa. Quien a su vez hizo un llamado frente al costo que está asumiendo tanto el país con los procesos que generan detrimento al estado, como el costo para los afiliados por hacer efectivo su derecho a pensionarse.
En el mismo sentido, el representante a la Cámara Juan Carlos Wills, autor del proyecto de ley, indicó que con este se busca poder resarcir el error del sistema pensional que impidió que durante más de 20 años se tuviera acceso a una decisión informada, «No protegimos a nuestros pensionados», y también concluyó que por vía judicial el impacto fiscal sería mayor, ¨No hay megapensiones, no es para los más ricos. Se está legislando en justicia social¨, precisó.
Por su parte, el senador citante, Gabriel Velasco Ocampo, invitó a realizar una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Asofondos para revisar las cifras y el posible impacto fiscal de esta iniciativa.
Para el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, este proyecto de ley llama su atención porque básicamente modifica laLley 797 del año 2003. ¨El proyecto propone el traslado de un fondo a otro, es claro que connota un impacto fiscal porque es pasar del régimen de ahorro individual a un régimen de prima media en donde el estado subsidia, hay un impacto fiscal y eso no se puede negar y así debe ser¨, precisó el Ministro.
Otro punto que informa el jefe de la cartera es con respecto al trabajo que vienen adelantando con Colpensiones frente a los cerca de 34.230 procesos con corte a abril 30, de estos Colfondos tiene 6.343; Porvenir, 17.692; Protección, 8.795 y Skandia, 1.400. Dijo que de estos procesos un 95% se pierden generando altos costos a la nación.
Sin embargo, el Ministro, al igual que la delegada del Ministerio de Hacienda, llamó la atención frente al cuidado que se debe tener con las personas que hoy están en el régimen de ahorro individual por el retorno financiero que ellos pueden recibir cuando tengan el equivalente a 1.150 semanas. Si pertenecen al régimen de prima media el equivalente es de 1300 semanas, y cuando ya están cerca de una pensión, sería delicado cambiarse, precisó.
De otra parte, el Ministro destacó la importancia de la doble asesoría para que el ciudadano tenga claro si puede o no trasladarse. Ratificó que su cartera está preparada para asimilar conjuntamente con Colpensiones, estos traslados siempre y cuando se realicen con un régimen de transición como se viene proponiendo. Reiteró que la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda. Fue claro en mencionar que trasladarse de un régimen individual a uno de prima media tiene un impacto fiscal. Esta decisión la debe tomar el Congreso.
Maria Virginia Jordán delegada del Ministerio de Hacienda, esta medida traería costos asociados a los subsidios que otorga el régimen de prima media con prestación definida a las personas de más altos ingresos. Según información de la Superfinanciera con corte al año 2018, identifica a los potenciales individuos que estarían cobijados por esta norma, los cuales podrían ascender a 478 mil personas. La funcionaria precisó que hay ciudadanos a los que les conviene el traslado y hay otros a los que no. Así mismo informó que esto generaría un nuevo escenario fiscal, de acuerdo al valor neto de las obligaciones causadas por este proyecto de ley, el cual se estima en 34,2 billones de pesos.
Fondos de pensiones y la academía expresaron su opinión
Voces en contra y a favor se dieron durante el desarrollo del foro en donde los representantes de los fondos de pensiones privados y la academia, centraron su discusión alrededor de la conveniencia o no para los ciudadanos de someterse a los 10 años antes de la pensión, catalogada como una restricción, la cual , según ellos es incierta ante la imposibilidad de saber 10 años antes qué régimen le puede beneficiar.
Así mismo, visibilizaron el gran costo fiscal que ocasionarían estos traslados, definen que al aumentar el déficit de aquí en adelante y aumentar la deuda pública generarían un efecto fiscal. Otra de las críticas se centró en que se dirige el gasto público a quienes menos lo necesitan.
De otra parte, académicos señalaron que este proyecto lo que busca es corregir el problema que suscitó la falta de asesoría que evidenciara los pro y contra de pertenecer a un régimen pensional. Enfatizaron que con este proyecto se está dando libertad para entender y tomar el régimen que mejor le convenga al ciudadano, es un proyecto que habilita el traslado. Dejan en claro que esta no es una reforma estructural de la reforma pensional. Algunos consideran que de no aprobarse este proyecto se tendría que asumir un costo moral, económico y psicológico para quienes en un futuro quieran hacer un traslado.
Al cierre del foro, el citante del mismo, el senador Gabriel Velaso concluyó que las recomendaciones y observaciones que se presentaron serán estudiadas con detenimiento y tenidas en cuenta para que la Comisión realice el debate de este proyecto de ley en beneficio de los pensionados en Colombia.
