Durante cerca de 30 años de carrera política, más que estar en una oficina como senadora o en un despacho como embajadora, me he concentrado en salir a la calle, a las regiones de Colombia, en hablar con las madres cabeza de familia, con los campesinos, conocer las historias de los diferentes colombianos que viven en la pobreza o que, con gran esfuerzo, han alcanzado integrar la clase media.
Es conocido que las finanzas públicas quedaron bastante golpeadas por cuenta de la puesta en marcha de nuevas entidades y agencias creadas a partir de la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Todas ellas elevaron el gasto público, sin contar diferentes problemáticas que venían desde antes, como la evasión en el pago de impuestos y la corrupción que corroe el erario de la Nación.
Por esta razón hoy el Gobierno necesita recaudar $14 billones de pesos adicionales al presupuesto y disminuir la evasión en cerca de $25 billones, lo que representa el 50% de la misma.
Y para realizar dicho recaudo el Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de ley de Financiamiento en el cual se gravan con IVA TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR, que actualmente están exentos de este tributo, o gravados con una tasa más baja, dejándolos al 18%.
Es de entender el descontento de la ciudadanía ya que esta iniciativa puede resultar regresiva, pues agrede y aprieta aún más el bolsillo de la clase pobre, media y trabajadora del país. Según Fedesarrollo con esta propuesta el impacto en la inflación podría ser entre 3 y 4 puntos porcentuales, si para el mes de octubre la inflación fue de 3,33%, de aprobarse este proyecto pasaría al 6 o 7%, afectando enormemente a las familias.
Esta iniciativa incrementa la tributación de las personas naturales y disminuye la de las empresas, sin tener en cuenta que a la postre esto afecta aún más al sector productivo del país, pues uno de los principales problemas de las empresas hoy, no son solo las cargas tributarias, sino la disminución en la demanda, en el consumo del país, fruto del incremento creciente de los impuestos, de ahí la queja de varios sectores empresariales frente a este incremento.
En un país en donde en uno solo de sus departamentos, Guajira, este año se han registrado la muerte de 41 niños por desnutrición ¿cómo podríamos garantizar que esta cifra desaparezca o al menos no aumente si el precio de los alimentos subirá sustancialmente? ¿Cómo puede hacer un hogar colombiano para asumir este abismal incremento en gastos como las loncheras y útiles escolares para sus hijos?.
Y si hablamos del campo la situación es aún más preocupante, ya que los campesinos tendrían que pagar IVA por los abonos agrícolas, trilladoras, guadañadoras, máquinas para la limpieza de hortalizas, hasta por las gallinas, y los pocos animales que algunos adquieren o venden para el sustento de sus familias.
Si desde el pasado ya los colombianos que derivan su sustento del campo han sentido un gran abandono estatal, con esta iniciativa les estaríamos dando la estocada final.
Quiero invitar al ministro Alberto Carrasquilla, no desde mi curul de senadora, sino desde mi papel como madre, abuela y líder social, a que reflexione sobre posibles alternativas diferentes a la ley.
Al respecto dejo consignadas las siguientes propuestas:
En primer lugar, se deben reforzar las estrategias y las penas contra la evasión y la elusión, que, de acuerdo con la DIAN, alcanza los $40 billones de pesos.
En segundo lugar, es necesario implementar una lucha frontal contra la corrupción que nos cuesta a los colombianos cerca de $50 billones de pesos al año, esto de acuerdo con la Contraloría y la Procuraduría de la Nación. En ese sentido, la bancada de Cambio Radical ha radicado un proyecto de ley “Por medio de la cual se toman medidas en materia de lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.
Acabar con la evasión, la elusión y la corrupción, implica cerrarle también el paso a la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Estas deberían ser medidas más que suficientes para suplir el déficit presupuestal.
Por último, el Gobierno está en mora de reducir el tamaño burocrático, de las agencias y las Altas Consejerías que reproducen las funciones de Ministerios o Departamentos Administrativos, y hacer así más eficaz el aparato estatal.
A través de este espacio hago un llamado para que desde el Ejecutivo se haga una reflexión profunda y se tomen decisiones de fondo sobre el impacto de este proyecto de ley, porque la frágil economía de los hogares colombianos no está en capacidad de soportar un golpe tan contundente.
Columna de la senadora Claudia Castellanos.
