Por: GUILLERMO GARCÍA REALPE
@GGarciaRealpe
El nuevo Contralor general de la República, tendrá la enorme responsabilidad de ser guardián de los recursos públicos, velar para que la labor misional de la entidad este enfocada en ejercer un control fiscal eficiente y transparente de todas las entidades públicas del orden nacional y recursos nacionales administrados por los entes territoriales y particulares.
Pero también el nuevo jefe del organismo de control tendrá enormes retos y desafíos en otros frentes, como por ejemplo, en el tema ambiental.
Aquí sí que son múltiples las tareas a emprender, la minería ilegal es una de las principales actividades que se realizan en regiones ricas en recursos naturales, explorando y explotando yacimientos de oro, de plata, de coltán y de otros minerales sin ningún tipo de consideración con el medio ambiente, contaminan las fuentes hídricas, destruyen nuestros bosques y generan en esas regiones un modelo de desarrollo que gira entorno a la economía de lo ilícito, pues alrededor de esta práctica confluyen otros factores como la drogadicción, prostitución, dejando un panorama desolador ambiental y socialmente en las zonas afectadas.
De la misma manera la deforestación que se viene presentando a gran escala, principalmente en zonas de nuestra Amazonía y Orinoquía para ampliar la frontera agrícola, ganadería extensiva e incluso para cultivos ilícitos nos tiene que preocupar a todos.
Tal situación, viene en aumento sostenido sin que hasta el momento haya un muro de contención que lo detenga, las cifras son alarmantes en esta materia, según el más reciente informe entregado por el IDEAM, en 2016 se deforestaron en Colombia 179 mil hectáreas, incrementándose ya en 2017 a 220 mil hectáreas deforestadas, lo que implica que cada día se talan 602 hectáreas de bosques en nuestro país, algo verdaderamente vergonzoso y alarmante.
Además de estos dos flagelos supremamente graves, el nuevo Contralor debe ejercer más presencia en el tema de control ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), muchas de ellas no realizan su función misional a cabalidad y pasan de agache con el control que deben ejercer en los entes territoriales. Sin duda, se debe profundizar al respecto para sancionar duramente a quienes ejerzan detrimento ambiental.
De la misma manera el combustible contaminante que genera problemas de salud pública en ciudades como Medellín, también tiene que llamar la atención de éste organismo de control, no puede ser posible que la segunda ciudad más importante de Colombia, la ciudad más innovadora del mundo padezca de este tipo de problemas de aire contaminado.
Además de los retos ambientales, el nuevo contralor general de la República, tendrá que articular esfuerzos con los demás organismos de control para dar una lucha frontal contra la corrupción, el principal mal que tiene hoy el país y que no sólo carcome a las instituciones públicas sino privadas.
Para el próximo año, el Presupuesto General de la Nación se estima que estará aforado en la cifra de $259 billones, de los cuales $243 billones se financian con ingresos de la Nación y $16 billones con recursos propios de las entidades descentralizadas del orden nacional que hacen parte del PGN.
Por eso todos los organismos de control deben estar muy vigilantes y ser guardianes de los recursos públicos que le pertenecen a todos los colombianos sin distingo alguno.
Los ciudadanos también juegan un papel supremamente importante en la vigilancia y control del erario, por eso hay que ser veedores, estar dispuestos a denunciar ante cualquier asomo de corrupción o de la cultura de la ilegalidad, el país reclama medidas urgentes para frenar este penoso flagelo y es tarea de todos ayudar a combatir la corrupción desbordada que desde hace mucho tiempo se ha convertido en la principal amenaza del desarrollo de nuestro país.
