El presidente del Senado, Efraín Cepeda, habló sobre la impugnación de la acción de cumplimiento del Tribunal de Cundinamarca, así como de la acción de tutela del juzgado 16 administrativo sobre las circunscripciones especiales de paz. Insistió en su compromiso con las víctimas y dijo que la representación en la Cámara debe ser concertada con las organizaciones.
Bogotá D.C., enero 11 de 2018 (Prensa Senado).- El Presidente Cepeda, expuso los argumentos que motivaron la impugnación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la acción de cumplimiento presentada por el Ministro del Interior Guillermo Rivera Flores. Reiteró que el acto legislativo mediante el cual se pretendía crear 16 circunscripciones especiales para la Cámara de Representantes, no obtuvo la votación de la mayoría absoluta del Congreso.
En primer lugar apeló a una posible nulidad procesal debido a la rapidez con la que el Tribunal falló el proceso sin tener en cuenta los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Contextualizó que se empezó a contabilizar el término para la respuesta con anterioridad a la fecha en la que se recibió la notificación, por lo que no es posible demostrar que, en efecto, haya incurrido en renuencia a la contestación de la petición.
Por otro lado, explicó que dicho tribunal no tuvo en cuenta las diferencias que existen respecto al quórum y las mayorías exigidas para la aprobación de los proyectos en los términos del artículo 375 de la Constitución Política de Colombia.
También dijo que, en este caso, se desplazó al Congreso de la República quien es el órgano que tiene asignada la competencia de reformar la constitución, y se le dio esa potestad a los jueces, por lo que rechazó dicha actuación, aseguró que su misión está en defender la autoridad de la entidad que representa.
Por último Cepeda precisó que, como presidente del Senado y como amigo del proceso de paz, pretende hacer valer lo que la Corporación avaló en la sesión del 30 de noviembre de 2017 respecto a las circunscripciones especiales de paz para la Cámara de Representantes en los periodos 2018 – 2022 y 2022 – 2026, sin pretender desconocer los derechos de las víctimas o entrabar los desarrollos normativos de los Acuerdos de Paz.
De esta manera, el pronunciamiento queda ahora en manos del Consejo de Estado.
