Según la MOE el período del calendario electoral de 2022 fue el año con el mayor registro tanto de hechos violentos en general, como en hechos letales contra las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular.
Bogotá, 24 de mayo de 2023 De cara a las próximas elecciones regionales, este martes la plenaria de la Cámara aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que visibiliza, previene y sanciona la violencia política contra la mujer en Colombia.
El proyecto de autoría de la senadora Nadia Blel, María José Pizarro y Piedad Córdoba dará a las aspirantes, candidatas y funcionarias que ejerzan en todos los cargos de elección popular más garantías en su ejercicio político al crearse medidas que promuevan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en este escenario, una hoja de ruta para atender y resolver las denuncias de estos actos, generar la restitución de los derechos perdidos y sancionar la práctica de estas conductas, brindándoles una participación en condiciones de respeto y equidad.
“La violencia política contra la mujer no tiene logos ni colores, todas hemos tenido que enfrentar este fenómeno a lo largo de nuestras carreras. Por eso hoy estamos dando un gran paso para que todas las mujeres puedan ejercer la política libre de violencias, pero más importante para que nuestras niñas y jóvenes sueñen con ser políticas y no tengan miedo de llegar aquí, porque habrá un marco normativo que las protege y les permitirá exigir sus derechos”, afirmó la senadora Blel.
Con esta iniciativa se reconocerá la violencia política como un fenómeno que se presenta en el desarrollo esta labor, diferente de las otras manifestaciones de violencia contra la mujer reconocidas ya en la ley, que impacta negativamente en la democracia al desincentivar la aspiración de más mujeres a elecciones o cargos políticos, impidiendo las campañas femeninas en diferentes lugares, forzando a la renuncia de sus carreras políticas o incluso poniendo en riesgo su salud y vida. La violencia contra las mujeres en política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o patrimonial, digital y simbólica.
Esta violencia que, según la ONU Mujeres ha visto un incremento directamente proporcional a la participación de mujeres a cargos de elección popular, está tan normalizada que es percibida aún como un costo que deben pagar las mujeres por desempeñar cargos políticos.
Y es que según la última encuentra sobre violencia política de género realizada por la Misión de Observación Electoral, el 83% de las mujeres candidatas a las elecciones legislativas del 2022 afirmó que había sido víctima de estas agresiones, señalando que el periodo del calendario electoral de 2022 fue el año con el mayor registro tanto de hechos violentos en general, como en hechos letales.
De las 516 vulneraciones registradas en los primeros 11 meses del calendario preelectoral, (13 marzo 2021- 13 febrero 2022), 137 de ellas (el 26.6%) corresponden a agresiones contra lideresas políticas, sociales y comunales, y casi una tercera parte de estas agresiones fueron letales.
